16 de Junio DIA INTERNACIONAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LA VEJEZ

16 de junio de 2020


En el Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Coronavirus: una campaña por el buen trato a los mayores



Por Sonia Santoro



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Imagen: EFE





Este lunes se conmemora el Día Internacional de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Organizaciones, universidades y profesionales lanzaron la campaña “Buen trato a las personas mayores” para concientizar sobre lo que se considera uno de los últimos tabúes de la sociedad. La covid-19 también hizo su aporte para exponer los maltratos estructurales y sumar nuevos. “Los adultos mayores se enfrentan a una vulnerabilidad adicional. El virus no solo amenaza su vida sino sus redes de apoyo, su acceso a sus jubilaciones y pensiones, a su sistema de salud. A lo que se agregan dudosas capacidades selectivas de atención”, apuntó Lía Daichman, al frente del Centro Internacional de Longevidad en Argentina (ILC).

Daichman fue durante años presidenta de la Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (Inpea) y fue una de las impulsoras junto a la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez, HelpAge Internacional, Conicet y GerontoVida, entre otras instituciones, organismos y universidades, de la jornada virtual por el XV Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez: “Nuevas Formas de Discriminación y Maltrato hacia las Personas Mayores en Tiempos de covid-19”, que se desarrolló este lunes y contó con la inscripción de más de mil personas de todo el país.


En ese marco se lanzó la campaña de concientización que durará todo junio y que convoca a la ciudadanía a tomarse una foto con la planta que más le guste y a compartir la imagen en las redes sociales con los hashtag #BuenTrato #HagamosQueFlorezca.

En 2011, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designó el 15 de junio para conmemorar el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. “Uno de los últimos tabúes de la sociedad a lo ancho y largo del mundo es el maltrato hacia las personas mayores”, dijo Daichman. “Una de cada seis personas en el mundo sufren de malos tratos: 141 millones de seres humanos a nivel global. La covid-19 puso en escena los abusos que sufren sobre todo en geriátricos. Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por su edad en la atención médica”, recordó. Daichman cuestionó, además, el lenguaje y enfoque conque se los trata: “paternalista y estereotipado”.

“Es necesario producir estándares, guías y protocolos para desarrollo de mecanismos posibles a fin de remediar la violación de derechos a las que están expuestos y sufren las personas mayores”, apuntó.

En cuanto al impacto socio-sanitario y económico de la pandemia en la vida de las personas mayores, el doctor en Gerontología Ricardo Jauregui dio cifras oficiales nacionales y de la ciudad. Informó que los adultos mayores de 65 años constituyen el 13% de los enfermos por coronavirus en el país. Al día de hoy, dijo, hubo 833 fallecidos en Argentina por covid-19, de los cuales el 80 por ciento fueron mayores de 65 años. En ciudad, el promedio de edad de los fallecidos es de 75 años. “A partir de los 60 años hay una curva progresiva de crecimiento de la mortalidad”, explicó. En cuanto a lo que pasa en las residencias para adultos mayores, dijo que hay 94 instituciones en las que entró el coronavirus en la ciudad. Como resultado hay 560 casos positivos confirmados y 77 fallecidos. Esto representa el 3 por ciento de los adultos mayores en residencias, ya que en la ciudad hay entre 18 y 20 mil adultos en estos dispositivos. “La mortalidad de ellos por esta enfermedad es del 0.4 por ciento”, dijo. También habló de la complejidad que enfrentan estas instituciones. “Las que tienen una persona por habitación son las menos. En general tienen tres o más por habitación. La gran mayoría están cerradas a nuevos ingresos, a pesar de que no está prohibido. La mayoría no tiene capacidad de aislar a alguien y tienen poca capacidad de contar con equipos rotativos de personal”, explicó. Y dijo que en la ciudad de Buenos Aires se va a empezar a testear en las residencias esta semana.

La profesora Silvia Gascón, directora del centro de estudios envejecimiento Isalud recordó la epidemia de poliomielitis. Ella era chica, dijo, y por lo tanto, grupo de riesgo. “Hoy como persona mayor me toca de nuevo ser grupo de riesgo”, comentó y desde ese lugar hizo un llamado a la comunidad: “La edad nunca debe ser un criterio para definir prioridades. Los derechos humanos son vitalicios, para toda la vida. Para que florezca el buen trato a las personas mayores exijamos que nuestros derechos sean cumplidos siempre”.

Eugenio Semino, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología, habló de la doble agresión que sufren las personas adultas mayores que viven en residencias: “El virus, por un lado. La pérdida de la libertad y los contactos, por el otro”.

“Lo que está desnudando esta pandemia es la gran solidaridad y el gran esfuerzo de los sectores. Y a su vez la hipocresía de un sistema político --más allá de los gobiernos de turno-- porque va en contramano. Esos adultos mayores a los que tratamos de proteger son los mismos a los que en 2017 se les robó parte de su aporte jubilatorio. O los que perdieron el 20 por ciento de su magro haber en 1018 y 1019 y que hoy tienen suspendida su movilidad jubilatoria antes de que llegara el virus”, planteó. Luego se preguntó si las políticas son de protección al adulto mayor. “¿Se puede suponer que con 16 mil pesos se puede subsistir? La gran mayoría sigue trabajando para seguir viviendo. Y ahora no pueden trabajar porque los estamos protegiendo para que no salgan de sus casas”.

Acceder al buen trato, dijo, es “comprender que el adulto mayor a cualquier edad sigue siendo un sujeto de derecho y que tiene el derecho al deseo, no a la imposición de lo que nosotros suponemos que quiere. No es un colectivo uniforme”.

Luego volvió sobre el tema de la violencia estructural: “Volvemos a lo que decía Ramón Carrillo. Los virus y las bacterias terminan siendo pobres transmisores de enfermedades, lo que está de base es la pobreza. Precisamente resolver esto va a exceder la cuarentena. El gran negocio no es la salud sino la enfermedad. Todo esto tenemos que rectificar entre todos si queremos que no haya abuso y maltrato desde lo estructural”. “Para que exista buen trato tenemos que tener una sociedad integrada, desarraigar la exclusión y la pobreza”, finalizóta/12

La arbitrariedad la peor de las formulas para el ajuste de las jubilaciones

Opinión

Hay que volver al cálculo de 2017, porque hoy las jubilaciones están atadas a la peor de las fórmulas: la arbitrariedad

Por Luis Petri

6 de junio de 2020

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Filas cajeros jubilados - Villa Urquiza - Cuarentena COVID 19

El día jueves ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria que se estableció en diciembre del año 2017 en medio de movilizaciones partidarias e intentos de tomar por asalto el Congreso por propiciar una reforma “inmoral” que afectaba al bolsillo de los jubilados.

Sin embargo, esa reforma mejoró la situación del sector pasivo, porque dejó de tomar en cuenta la recaudación e incluyó, en la base para el cálculo, las variaciones al Índice de Precios al Consumidor; lo que permitió actualizar los montos según el componente inflacionario, presente desde hace 70 años en el país.

Así, con la vieja fórmula kirchnerista, las jubilaciones aumentaron un 68% en el acumulado de los últimos dos años que estuvo vigente -hasta diciembre del 2017-; mientras que con el nuevo sistema en dos años el incremento fue del 78%.

Hoy los jubilados argentinos se encuentran atados a la peor de las fórmulas, la de la arbitrariedad a la hora de disponer sus aumentos. Ni nueva ni vieja fórmula, discrecionalidad absoluta del Presidente de la Nación para determinar cuánto ganan y cuánto pierden los jubilados en cada una de las categorías. Y a esta altura, casi todos pierden.

Ni bien asumió, el Gobierno de “Los Fernández” sancionó la ley de Emergencia Económica que suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula para hacer efectiva la movilidad jubilatoria, esta vez, bajo el lema de la solidaridad social y sin piedras ni manifestantes en el Congreso con la pretensión de prenderlo fuego.

En diciembre del 2019, aún no estábamos en época de pandemia, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de convocar a una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación, para que propusiera un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.

Esa comisión brilló por su ausencia hasta mayo, a un mes del vencimiento del plazo de 180 días. Cuando por fin se constituyó, como primera medida anunció la prórroga de su funcionamiento hasta el mes de diciembre, ese fue el preludio del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, en el mes de marzo, mediante el Decreto 163/20 el Gobierno dispuso el primer incremento trimestral a través de una suba del 2,3%, más una suma fija de $1.500 para los jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones sociales. Los jubilados, con estos aumentos decretados, perdieron entre $541, en el caso de los haberes mínimos, y $14.032 en los máximos, en comparación con la fórmula jubilatoria suspendida.

Por otra parte, el Decreto 495/20, publicado el 27 de mayo en el Boletín Oficial, estableció un incremento equivalente a 6,12% sobre el haber devengado correspondiente a mayo de 2020 para todas las prestaciones previsionales a cargo de la ANSES a partir del 1 de junio: los jubilados que cobran el haber mínimo este mes, comienzan a hacerlo con un aumento de $972 con respecto al mes anterior y pasan de $15.892 a $16.864.

A su vez, mientras los ingresos jubilatorios se reducen, la inflación continúa en aumento; lo que afecta el valor de la canasta básica total de los adultos mayores que llega a $45.020, según un cálculo de la canasta básica de jubilados realizada por la Defensoría de la Tercera Edad.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) explica que “con esta medida, desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, pero también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por Ley. Para el Fisco, el ahorro total neto de bonos (dos de $5000 en diciembre y enero, y dos de $3000 en marzo y abril) entre enero y agosto, sería de $34.000 millones (0,11% del PIB)”.

Como se ve, la suspensión de la movilidad no tenía por finalidad atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, ya que ellos también sufren un menoscabo en sus haberes jubilatorios.

Por ello hemos propuesto, junto a un grupo de legisladores de Juntos Por el Cambio, derogar el artículo 55 de la ley 27.541 que suspende la movilidad jubilatoria, en tanto implica un claro desconocimiento de derechos adquiridos, y una flagrante violación al establecimiento de las jubilaciones y pensiones móviles que indica el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional; y a los tratados internacionales que la República Argentina ha suscrito.

Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario. Es la manera “solidaria” que “Los Fernández” encontraron para hacer un brutal ajuste fiscal, que recae e impacta con arbitrariedad sobre los haberes jubilatorios.

El autor es diputado nacional de la UCR por Mendoza

Los postergados de siempre

Por Alejandra Petrella

2 de junio de 2020

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“Las estadísticas sobre cordura son que uno de cada cuatro personas sufre de alguna forma de enfermedad mental. Piensa en tus tres mejores amigos. Si están bien, entonces eres tú”. Rita Mae Brown.

Las personas con padecimientos mentales constituyen el colectivo más vulnerable de la sociedad: invisibilizados, estigmatizados, temidos, rechazados, abusados o ignorados, son marginados debido a la creencia de que la locura es un mal incurable y los locos sujetos peligrosos. La discriminación es mayor si ese colectivo es pobre, máxime cuando son víctimas de un sistema de encierro en el que la privación de la libertad, la sobre medicación y los malos tratos arrasan con sus vidas.

El sufrimiento que los atraviesa no integra la agenda de los gobiernos, ni las políticas públicas y solo tiene prensa cuando se convierte en un hecho de tinte amarillista que convoca al morbo del lector: ya sea porque un “loco” atacó a un vecino y los medios claman por su encierro, o bien porque otro -encerrado- fue muerto por un perro salvaje debido a la desidia judicial. Así de contradictorios somos a la hora de negar la crueldad que implica la locura.

En el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo, pocos se acuerdan de estos seres que viven un encierro dentro del encierro. Frágiles y sensibles, a sus propios procesos psicofísicos deben sumarse patologías coexistentes vinculadas al abandono, la cronicidad y los efectos secundarios de las medicaciones; lo que los vuelve más vulnerables al contagio. Es en ese punto donde debe focalizarse su atención en este momento. La pandemia expone situaciones que datan de hace años, y que vengo señalado en distintos pronunciamientos, foros académicos y artículos de doctrina. Que el virus haya ingresado a los manicomios es simplemente otra manifestación del estado en el que viven seres atravesados por el dolor desde siempre, y al que el sistema de salud atiende de manera deficiente.

Pese a que la Ley de Salud Mental -con fundamento en tratados internacionales- prevé la reconversión de los neuropsiquiátricos para el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires tiene cuatro hospitales monovalentes de salud mental, todos ellos judicializados. Lejos está la utopía de aumentar el presupuesto en salud mental, crear dispositivos alternativos al hospicio y respetar el plexo de derechos que protege a las personas con padecimientos mentales que establece la propia ley, vigente desde el año 2010.

Para revertir la tradicional perspectiva de análisis, considero que el enfoque de la cuestión debe centrarse en tres ejes:

1. Entender a la salud mental como un derecho fundamental e inserto en el sistema de derechos económicos, sociales y culturales entre los cuales debe darse una relación de complementación y acumulación.

2. Entender que la afectación al derecho a la salud mental importa una violación al derecho a la dignidad humana.

3. Entender que la salud mental como derecho social debe acompañarse de una estrategia de salud pública, para evitar tal vulneración.

Si estos parámetros se tomaran en cuenta, se evitaría la desaferentación afectiva, psicológica y social que sostenida en el tiempo puede generar síntomas de deterioro cognitivo y motriz que cursan con la propia patología y llevan a las personas a una exclusión que constituye una afrenta a la dignidad humana. Esos seres marginados tienen derecho a transitar su enfermedad en otras condiciones y es el Estado quien tiene que garantizar que la violación al derecho humano no se configure evitando el confinamiento que excluye y descompone al sujeto frente a sus habilidades de interacción convirtiéndolo en objeto. Ello se evita mediante el cambio de paradigma que proponen los Tratados Internacionales, la Ley de Salud Mental Nacional y la de la Ciudad, aunque no se cumplan.

Quizás la pandemia sea la excusa para poner el tema en la agenda pública. Mientras, es prioritaria la atención a esta población vulnerable.

Pero para dar vigencia al desarrollo del cambio de paradigma propuesto, debe existir un compromiso no solo de los operadores de la salud y el derecho, sino también de la sociedad toda

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Los locos también se contagian.

Pensemos que si nosotros no nos bancamos nuestro encierro que tiene dos meses, cómo estarán ellos que transitan su encierro dentro del encierro.

La autora es jueza de Primera Instancia en lo CAyT de la CABA, Doctora en Derecho, Posgraduada en Determinantes Sociales de la Salud Mental, Profesora de grado y posgrado de su especialidad y autora de numerosas publicaciones, entre otras del libro “Salud Mental: un nuevo enfoque desde el derecho administrativo constitucionalizado” (RAE, 2015).